La CMF se alinea con la Circular 62 y se acaba la doble vara

"Nadie puede servir a dos señores."

Evangelio según San Mateo

Durante años los oficiales de cumplimiento del sector financiero chileno convivieron con una paradoja silenciosa, de esas que no aparecen en los organigramas pero consumen horas de trabajo real. Respondían ante dos reguladores, la Unidad de Análisis Financiero y la Comisión para el Mercado Financiero, cuyas exigencias en materia de prevención de lavado de activos se parecían mucho sin llegar a ser idénticas, como dos dialectos de un mismo idioma que obligan al hablante a traducirse constantemente a sí mismo. Ese espacio entre ambas normas, angosto pero real, dio origen a una suerte de doble contabilidad normativa donde la matriz de riesgos se armaba pensando en la UAF, se ajustaba pensando en la CMF, y el oficial de cumplimiento hacía de intérprete entre dos textos que hablaban de lo mismo con palabras distintas.

Ese espacio se está cerrando. La CMF publicó ajustes a su normativa de prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva para alinearla con la Circular N°62 de la UAF, modificando entre otros los Capítulos 1-7, 1-13, 1-14 y 1-16 de la Recopilación Actualizada de Normas para Bancos, la Circular N°1 de Emisores de Tarjetas de Pago no bancarias y la Circular N°123 de Cooperativas. Antes de entrar al detalle quisiéramos plantear la pregunta que nos parece más interesante de este anuncio, y que va más allá de los capítulos modificados. ¿Qué le dice esta convergencia al sujeto obligado que venía cumpliendo a dos velocidades?

De dónde venimos

La Circular N°62, vigente desde junio de 2025, no fue una circular más en el flujo habitual de instrucciones. Sistematizó y reemplazó el cuerpo normativo que la UAF había construido durante más de una década, incluida la histórica Circular N°49 que acompañó a los sujetos obligados desde 2012, e incorporó estándares internacionales del GAFI que la normativa dispersa ya no lograba reflejar con claridad. Entre sus exigencias destaca la revisión periódica y sistemática de todos los clientes contra las listas de resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, junto con un ordenamiento general de obligaciones que antes habitaban en decenas de oficios e instrucciones separadas, como libros valiosos repartidos en bibliotecas distintas que por fin alguien reunió en un solo estante.

Era cuestión de tiempo que el segundo regulador del ecosistema hiciera su parte del trabajo. Un banco chileno responde ante la UAF en su calidad de sujeto obligado de la Ley 19.913, pero su supervisión prudencial, aquella que observa su gobierno corporativo, sus provisiones y su gestión integral de riesgos, pertenece a la CMF. Mientras ambos marcos no conversaran con el mismo vocabulario, el cumplimiento tenía costuras, y las costuras, en materia de prevención de delitos, son precisamente el lugar por donde entra el agua.

Lo que la convergencia significa en la práctica

La primera consecuencia es el fin del arbitraje interpretativo. Cuando dos normas difieren en el matiz siempre existe la tentación, humana y comprensible pero riesgosa, de cumplir con la versión menos exigente y documentar cuidadosamente la duda. Con los marcos alineados esa zona gris se angosta hasta casi desaparecer, porque lo que la UAF espera y lo que la CMF supervisa apuntan ahora al mismo estándar, y el argumento de la ambigüedad pierde el poco sustento que tenía.

La segunda es que la fiscalización se vuelve estereoscópica. Así como nuestros dos ojos, mirando el mismo objeto desde ángulos levemente distintos, nos regalan la percepción de profundidad que un ojo solo no alcanza, dos reguladores examinando el mismo programa de prevención con la misma vara ven en relieve lo que uno solo veía en plano. Las debilidades de un modelo de prevención, las matrices desactualizadas, la debida diligencia que es formal en el papel pero no sustantiva en la práctica, las alertas que se generan y nadie gestiona, quedan expuestas ante ambas autoridades simultáneamente.

La tercera consecuencia es quizás la más relevante para el mercado, y es que los sectores considerados periféricos entran definitivamente al centro. Que los ajustes alcancen a los emisores de tarjetas no bancarios y a las cooperativas no es un detalle técnico sino la confirmación de que el perímetro de exigencia dejó de ser un asunto exclusivo de la banca tradicional. Si una cooperativa de ahorro y crédito o una fintech emisora seguía tratando la prevención de lavado de activos como un anexo de su operación, este es el aviso formal de que el anexo pasó a ser capítulo.

La lección de fondo

Hay una enseñanza en este episodio que trasciende a la circular en particular, y es que los sistemas normativos maduros tienden hacia la coherencia como los ríos tienden al mar. Chile lleva más de dos décadas construyendo su arquitectura antilavado, desde la creación de la UAF en 2003 hasta la Ley de Delitos Económicos de 2023, y cada convergencia de este tipo reduce el espacio donde el incumplimiento podía disfrazarse de interpretación. Lo que ayer era un resquicio hoy es una pared.

Para el oficial de cumplimiento la tarea inmediata es concreta y no admite postergación elegante. Tomar el programa actual, cruzarlo contra la Circular 62 y contra los capítulos modificados de la RAN que le apliquen, y documentar la brecha mientras todavía es un hallazgo interno y no una observación del regulador, porque la diferencia entre ambas cosas, como sabe cualquiera que haya vivido una fiscalización, se mide en algo más que prestigio.

Servir a dos señores era difícil, y en eso el evangelista tenía razón. La buena noticia es que ahora ambos piden lo mismo. La noticia exigente es que ya no queda dónde esconderse entre los dos.

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